Cimentando el disparate educativo. (Y van...)

Tras la situación creada por el retraso inexplicable en la cobertura de bajas del profesorado, la Consejera de Educación de Andalucía se ha visto obligada a mover pieza, proponiendo un plan experimental para 200 centros ( cómo se elegirán es un misterio) y dando explicaciones en el Parlamento.

Sin embargo, un problema tan complejo hay que enmarcarlo en sus justos términos para entenderlo. Lo primero que hay que indicar es que no cubrir una baja de profesorado enfermo no es simplemente un problema laboral, sino esencialmente una situación que afecta al alumnado en su derecho a una educación de calidad. Pero a partir de ahí vamos a ver algunas mentiras y medias verdades que hay sobre esta nueva forma de cubrir las bajas en Andalucía y a ver si soy capaz de explicarlas en "roman paladino".

PRIMERA MENTIRA: El profesorado andaluza falta mucho.

Según datos hechos públicos por la Consejería recientemente, el nivel de bajas del profesorado andaluz ronda el 6% del total, por debajo de la media de absentismo laboral general en la media del estado (6,3%) y la mitad del porcentaje de nuestra comunidad autónoma, cifrado por el estudio ADECCO TRAINING de junio de 2008 en el 12%. Por tanto, y esto hay que dejarlo bien claro, a pesar de la prevalencia mayor de algunas enfermedades específicas (como las relacionadas con la voz, las posturales y esqueléticas y las psicosociales) que afectan en mayor medida a profesionales de la docencia, el nivel de absentismo del profesorado andaluz está muy por debajo que el de otros colectivos laborales. A esto debiera añadirse que desde que la antigua Consejera, Cándida Martínez, presentara a bombo y platillo el Plan de Salud Laboral del Profesorado, nada se ha sabido del mismo y mucho menos ha habido la más mínima actuación para prevenir estas bajas específicas del personal docente.

SEGUNDA MENTIRA: Es necesario tener más control

La seriedad en el control de las ausencias y de la picaresca que exista es una exigencia a toda administración y por su especial carácter, mayor en la educativa.. Pero no es cierto que actualmente no existan mecanismos rígidos de control. Primeramente porque cada docente debe justificar su presencia en el centro cada hora y cada sesión de clase en un registro oficial. Si no lo hace se abre un procedimiento de urgencia que detrae el dinero correspondiente o impone la sanción que corresponda.

Por otro lado, las bajas laborales están reguladas por una normativa específica y están firmadas siempre por un facultativo especialista (como en cualquier otro trabajo). Desde que un trabajador envía su parte de baja a la dirección de los centros, esta debe de grabarla en un servicio centralizado e informático (SÉNECA) de la Consejería y mandar copia urgente a los servicios de personal (normalmente por fax) aunque el sistema informático garantiza la inmediatez de la comunicación. Desde ese momento, es la Delegación Provincial la que debe de llamar al sustituto de la baja. Los servicios de inspección médica valoran y llaman a cientos de personas para revisar la idoneidad de la misma. Pero es en este momento, cuando se tiene que llamar a la persona sustituta, cuando se eterniza el problema.

TERCERA MENTIRA: El nuevo Plan es mejor. Las directoras y directores serán más ágiles.

Desde 1998 la Consejería ha incumplido todos los acuerdos sindicales (y aún sus propias normativas) sobre la cobertura de bajas. Como se ha indicado anteriormente, el tiempo medio desde que el trabajador va al médico y la delegación tiene conocimiento oficial de su baja es de unos 3 días, más 48 horas para llamar de la lista de profesores a la persona sustituta. De hecho en las instrucciones emitidas se hace notar que la primera baja será atendida con los recursos del propio centro, es decir, retirando el refuerzo educativo a los alumnos y alumnas que más lo necesitan, a la vez que advierte que es necesario una media de 7 días antes de que se cubra una baja, lo que en la práctica el sistema de cobertura seguirá igual que ahora, pero derivando la responsabilidad a los propios directores y directoras. Sin embargo hay claves que se conocen y hacen que no se cubran ágilmente las diferentes bajas:

• Ninguna baja se cubre diligentemente, y dependiendo de la presión de las AMPAs o el centro se tarda más o menos.
• Un mes antes de las vacaciones rara vez se cubre una baja.
• En los meses de octubre a diciembre los problemas son mucho mayores.
• Que cuando se libra el dinero para el presupuesto específico se cubren más...

Por tanto, no sabemos en qué se agilizará el proceso si quien da la orden es el director y es el Jefe de Personal llama al sustituto, tras los siete días de margen. Más aún, cuando sabemos que cada centro tendrá un cupo y si lo agotan ya no se cubren ninguna más y si no lo termina tendrán “incentivos especiales”. ¿No va más encaminada esta medida a presionar a los equipos directivos y responsabilizarlos ante la sociedad de la no cobertura de las bajas? Pero junto la presión a los directores y directoras, la inspección educativa también les cede la capacidad de sancionar directamente al profesorado a su cargo.

En el fondo, lo que la Consejera está reconociendo son tres cosas: la primera que no va a existir un aumento presupuestario significativo en la materia, la segunda es que la única medida que quiere poner encima de la mesa para reducir las bajas es derivar la responsabilidad de la cobertura a los directores y directoras y, para ello, aumentar la presión al profesorado para que no se ponga enfermo.

Pero la realidad es tozuda, y el profesorado en general es una de las profesiones que ocupan un lugar destacado en ciertas enfermedades. y cuando la voz ya no responde, ni la espalda aguanta, y el estrés hace de las suyas... volverán a quedarse miles de niños y niñas sin profesorado específico que garantice el derecho a la educación.