Hablar de evaluación en los tiempos que corren es un
ejercicio de valentía y, casi diríamos, de atrevimiento. Y no por lo que
digamos sino por el esfuerzo mayúsculo que debemos hacer para dejar sentado,
con meridiana claridad, de qué hablamos, y es que con frecuencia se habla
"en paralelo", aparentemente de lo mismo pero al estar en dimensiones
educativas, políticas y culturales opuestas, lo que se dice no tiene sentido.
La evaluación debe ser un momento alegre y fundamental de cualquier sistema educativo. Y digo alegre porque es el momento de ver cómo ha salido "la cosecha". El campesino cuando recoge, pongo por caso, su cosecha de garbanzos puede prever cómo serán por las lluvias, el color, el tamaño,...igual que el docente puede presuponer cuáles serán los resultados de sus alumnos y alumnas de acuerdo a sus trabajos, su evolución, sus capacidades, sus familias, el medio donde viven, sus necesidades, etc... Pero no podemos negar que podemos llevarnos una sorpresa y no ser nada de lo previsto lo que obtengamos. Para mal o para bien.
Eso es la evaluación y habría que participar de ella con la ilusión de un principiante. Sin embargo no es así. La administración ha cambiado el espacio y el tiempo de este proceso y lo ha llevado a la mera cuantificación de resultados. Esta política neoliberal, que ahora boga a sus anchas por todos sitios, transmite, y muy eficientemente por cierto, un pesimismo que niega la posibilidad de cambiar lo que nos rodea, insistiendo una y otra vez en sus "estudios" y sus "informes", elaborados por ellos mismos y tendentes a reflejar la idea preconcebida y diseñada de antemano.
Apostar por una evaluación real, adecuada al contexto y teniendo en cuenta lo global que lo condiciona, una evaluación predictiva y formativa trae pareja la necesidad de ampliar los poderes de la sociedad de a pie, la del aula, la del centro de un pequeño pueblo, algo que tendríamos que incluir en un proyecto político de reforzamiento de la democracia, ajeno por tanto a lo que ahora mismo vivimos.
Cómo vamos a pedir mayores poderes civiles cuando la nueva reforma que se aplicará el curso que viene parte de principios como:
a) Entiende la educación como mercancía, la escuela como empresa o sucursal de ésta y la administración educativa como una gerencia encaminada a producir recursos para las necesidades educativas del momento, que en el fondo es crear trabajadores/as para hoy y parados/as para mañana.
b) Solo la escuela privada puede conseguir mejores resultados, de acuerdo con el parámetro anterior. Por tanto hay que restar de lo público y potenciar lo privado.
c) Al igual que el trabajador de hoy no tiene por qué ser "útil" ni activo mañana, el docente de mañana no tiene por qué ser el de hoy, lo que traerá la consiguiente destrucción de la profesión docente como carrera pública y los derechos que esto ha supuesto
d) Privatizar supone dedicar menos recursos a
e) Todo esto con una finalidad ideológica clara: formar el "capital humano" de acuerdo con las necesidades puntuales de la economía de libre mercado.
Este modelo no va a recortar (¡cuántas veces esta palabra!) la inversión ni la calidad en formar a los grupos dirigentes, como forma básica para mantener y reproducir el sistema imperante. De la escuela pública y de la escuela privada de lo que queda de la clase media sólo interesa la formación de trabajadores baratos y cuya formación/necesidad sea posible desechar en el corto plazo. Todo debe ir en función de no generar derechos ni expectativas en el mundo laboral. Los beneficios de las empresas es el tótem mágico al que debemos mirar, y danzar a su alrededor.
No podemos por tanto hacer una reforma sin evaluarla y sobre todo sin evaluar lo que había antes de diseñar esta reforma. Aunque claro ¿de qué evaluación hablamos?
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