Más sobre esto de...la autoridad.

En la misma semana, dos responsables políticos del PP, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alejandro Font de Mora, conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, aunque con desigual repercusión mediática, abogaban por la vuelta a la disciplina en las aulas y a la recuperación de la autoridad del profesorado frente al alumnado, como salida a los déficits que aquejan a la educación en España, justo cuando se hizo público el informe de la OCDE sobre la situación de nuestro sistema educativo.

Junto a estas iniciativas nacidas en el campo político, enseguida apareció la correspondiente versión sindical de la mano de un sindicato corporativo y carpetovetónico.

Aunque tales propuestas, realizadas a modo de diagnostico de situación, se refieren a problemas reales que se dan en el ámbito escolar y, por tanto, encajan con lo que pueda pensar un sector de la sociedad y también una parte del profesorado, nada se dijo de las “otras” responsabilidades: ¿Qué hay de las políticas educativas seguidas por las diferentes administraciones? ¿Qué valores se aprenden a través de los potentes medios de información y comunicación? ¿En qué condiciones se dan las relaciones familiares? ¿Qué formación recibe el profesorado para adaptar sus enseñanzas a los tiempos actuales? Ni una palabra.

Forma parte de la lógica histórica que la derecha recurra a la “autoridad” y a la “disciplina” para atajar problemas sociales. Atajar, que no resolver. No es una cuestión cultural, que también, es la coherencia de su discurso sobre “lo público”: “la autoridad” como diagnóstico de la situación de la educación, como solución, es barata, se aviene perfectamente con los recortes en políticas sociales, y refuerza la privatización que predica el discurso neoliberal. No hay que olvidar que cuando se habla de autoridad se está hablando de la enseñanza pública, donde residen la mayor parte de los problemas de autoridad, donde vive la conflictividad. El mensaje es simple, la entiende todo el mundo. Es la esencia del populismo.

La educación es asunto complejo, de nada vale la simplificación. La reforma del código penal para endurecer las sanciones a quienes agredan al profesorado investido de “autoridad pública” servirá para reprimir con mayor dureza actitudes agresivas que de ningún modo se pueden consentir. En este sentido, puede que tengan un efecto disuasorio. Bienvenido sea, pero no aportará nada para mejorar las condiciones que rodean el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible contar con las medidas que ayudan a preveer los conflictos, a mejorar la convivencia: unas ratios razonables en las aulas, recursos y profesionales adecuados en los centros educativos para asesorar a los docentes, a las familias y al propio alumnado en el terreno de la convivencia escolar.

La naturaleza del trabajo docente requiere “la autoridad del conocimiento”, básicamente la misma que la sociedad concede a médicos, científicos, intelectuales o artistas. Muchos y muchas docentes lo consiguen. Muchos centros lo pretenden con ahínco, aunque no son noticia por ello. La autoridad hay que ganársela en las aulas, pero no sólo. Con más y mejores medios, con una mejor formación, se abordaría en mejores condiciones la complejidad de la docencia. Con una mayor consideración social del profesorado, con un reconocimiento de la importancia de su función social, mejoraría su autoridad, la que cuenta de verdad en la relación diaria con el alumnado y con sus familias.

El estudio internacional de la OCDE sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS) recoge, por primera vez, las opiniones del profesorado de secundaria de 23 países miembros y socios de la OCDE sobre las condiciones de su propio trabajo. Los docentes españoles, preguntados sobre en que necesitan más formación, un 18% respondieron que en el control de la disciplina, pero son muchos más los que reclaman más formación en nuevas tecnologías (26%) y, sobre todo, en atención a necesidades especiales de aprendizaje (35%).

Como docentes no ignoramos que el papel que se le asigna al alumnado en su propio aprendizaje influye y mucho en las actitudes que mantiene frente al profesorado. Es más, las percepciones sobre el clima del aula varían mucho dependiendo de si el profesorado opta por requerir de los alumnos la mera recepción y reproducción de su discurso o si requiere su participación, su implicación personal y colectiva.

Tampoco se pueden obviar el punto de vista de los padres cuando se preguntan por los efectos sobre la relación entre los miembros de la comunidad educativa de la prevalencia automática del testimonio de los profesoras y profesoras sobre todos los demás. En este sentido, hay que contar también con la participación y colaboración activa de las familias cuya responsabilidad es esencial en la educación de los chicos y chicas.

Ahora que se abre la puerta a un pacto por la educación, conviene y mucho, alejarnos tanto de los vendedores de alarmismo como de las simplificaciones interesadas. Las propuestas procedentes de las administraciones deben estar avaladas por un conocimiento lo más amplio posible de lo que ocurre en los centros educativos. Entonces aparecerá una realidad compleja, llena de matices, que requiere aplicar políticas sostenidas a largo plazo, como señala el profesorado cuando se le pregunta y estos datos se tratan con rigor. Cuando "apiñamos", por imposición de esta y aquella Consejería, a 37 o 38 adolescentes en un aula sin contar, además, con suficientes profesionales especializados en estos temas, es muy difícil tratar con eficacia los problemas de convivencia. Hacen falta más recursos materiales y humanos para atender adecuada e individualizadamente a la enorme diversidad de alumnado.

Mientras esto no ocurra y no se produzca una apuesta clara por una Educación Pública de calidad, seguiremos navegando en el terreno de los parcheos y de las medidas propagandísticas.