La globalización económica, y por consiguiente cultural y educativa, viene a mostrar su cara más preocupante en las privatizaciones y el control de todas las actividades que realizamos los ciudadanos, cada vez más visibles en todos los aspectos, en el conjunto de los sistemas educativos del mundo. Basta mirar el número de centros concertados y privados que hay y cómo estos no se cierran nunca. Cádiz es un fiel reflejo de ello. En los últimos años se han cerrado varios centros públicos y ninguno concertado, a la vez que se presionó, desde todos los ámbitos, para impedir que el nuevo Carola Ribed, en plena Avenida, fuese un centro grande y de referencia en cuanto a equipamiento y programas, debido a que recortaría previsiblemente el número de alumnos/as de los centros concertados que lo rodean. Legislativamente esto es, grosso modo, una de las características de la Ley Orgánica de Educación (LOE) recientemente aprobada por el parlamento español. Esta ley supone un ataque a la Escuela Pública, porque es una norma que, respondiendo a las políticas privatizadoras que tratan de implantarse en todo el mundo, refleja que la educación, un derecho fundamental de las personas y no un servicio sujeto a las reglas del mercado, es un servicio público que “puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; cuando la verdad es que la “iniciativa social” es en realidad la empresa privada, concebida para el lucro o el adoctrinamiento, o para ambas cosas a la vez. (Tomado del Manifiesto de los Stes. Contra el Estatuto Docente)
Hasta ahora se nos vendieron los conciertos, en una primera fase de la reforma educativa, como una necesidad que el estado no podía costear; hacer centros nuevos que se dejaban en manos privadas (iglesia católica en su mayoría) a cambio de pagar las plazas creadas con dinero público. Nunca se cuestionó que hubiera en estos centros una segunda fuente de financiación como las cuotas por actividades complementarias, etc… o la no admisión, subrepticiamente claro está, de alumnos/as inmigrantes o con necesidades educativas, lo que supuestamente les daba una mayor calidad de servicios y de educación frente a los resultados de los centros públicos. Y en esta siguiente fase se nos quiere vender que el que los comedores y actividades que realizan los centros, dentro del Plan de Apertura o de familia, sean gestionados por empresas privadas mejora la gestión y la calidad del servicio. Sólo nos queda, espero no asistir a ello aunque no estoy seguro, que nos vendan que el rendimiento en tal o cual centro es mejor (ya han hecho pruebas de diagnóstico por centros) y encomienden a manos privadas la gestión de mejora del rendimiento escolar.
Para ello, para poder controlar qué se hace en cada centro y quién lo hace, se presenta el nuevo Estatuto Docente. Las novedades del Estatuto se basan en la implantación de una “carrera docente” que se sustenta en la promoción de la competitividad entre el profesorado: correr y competir para llegar primero, para obtener tal o cual mérito, para poder cobrar tal o cual retribución; y en la facultad de la dirección de los centros o/y de la inspección educativa para informar favorablemente o no de la evaluación a la que deberá someterse todo el profesorado; si la evaluación es “voluntaria” la carrera se realiza más rápidamente. La “carrera docente” se concreta en un nuevo planteamiento de las actuales retribuciones complementarias, con nuevos componentes del complemento específico, apareciendo los “grados”, que se conseguirán previa evaluación positiva del Profesorado. Entre esos nuevos componentes destacan el de “especial dedicación al centro”, que es de carácter anual y no se consolida, y la introducción de la retribución de la función tutorial, que divide al profesorado e ignora que esta labor es inherente a la tarea de enseñar.
Los méritos para avanzar en la “carrera docente”, para conseguir el grado dependen de criterios tan oscuros o arbitrarios como la evaluación voluntaria de la práctica docente, la asunción de tareas y responsabilidades complementarias, la implicación con la mejora de los resultados del alumnado, a los que hay que sumar “una dedicación horaria especial de carácter estable al centro o servicios educativos”, esto es, se pagará la prolongación de la jornada laboral. En resumen, decir que sí a todo lo que proponga la Administración querrá decir que eres un magnífico profesional y podrás ganar más dinero y podrás promocionar. Ser mínimamente crítico o plantearte los proyectos a ejecutar te condenarán a llevar la marca del insolidario, del raro, y además a cobrar menos y a quedarte en el mismo sitio siempre. Esto se llama calidad.
Ah, para rematar la faena y dentro de lo que todos conocemos como democracia y respeto a los derechos del trabajador, el nuevo estatuto contiene otros dos elementos que van claramente contra la dignidad de los maestros/as como trabajadores. No se reconoce el derecho de las personas que ostentan la representación sindical a intervenir en todo lo concerniente a la defensa de los derechos del profesorado: horarios, ceses, plantillas, baremos… y la posibilidad de que el profesorado pueda ser “degradado” (ay Franquito qué buena fue tu enseñanza con estos que nos dirigen que aún recuerdan el carácter castrense de la vida) con la pérdida de los grados adquiridos, como sanción ante faltas que no se concretan, y esto después de poner a todo el profesorado bajo sospecha con la evaluación voluntaria. Lo dicho, vamos a comprarnos un muelle que, colocado sabiamente en nuestro cuello, siempre diga que sí.
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