Si después de esto y lo que le va a venir casi con seguridad no dimite, es que algo funciona mal o en nuestros dirigentes, o en su concepción de servicio, que no imposición, al ciudadano.
Copio tal cual lo publicado en ABC:
Un fallo del TSJA desmonta la tesis de Educación para publicar los nombres de objetores a EpC.
La Junta alegó que no los localizaba y los sacó en el BOJA, pero estaba personada en la causa de uno de ellos.
MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA Publicado Miércoles, 29-10-08 a las 07:14
La última sentencia del TSJA sobre Educación para la Ciudadanía no sólo supone que una vez más el alto tribunal reconoce el derecho a la objeción de unos padres frente a la negativa de la Junta: también es la prueba de que Educación, que está personada en todos estos procedimientos, tenía perfectamente localizados a los padres, cuyos hijos, menores, salieron en el BOJA.
El departamento que dirige Teresa Jiménez, que publicó el pasado uno de octubre los nombres de 81 objetores a los que le negaba la objeción, alegó para su publicación que no había podido localizarlos para notificarles su decisión. Sin embargo, esos padres a los que supuestamente no localizaba, son los mismos a los que el TSJA ha reconocido una nueva sentencia.
El fallo, que se convierte en el número 18 reconociendo la objeción, es la respuesta a unos padres de la provincia de Cádiz, que habían interpuesto recurso contra la decisión de la Consejería de negarles la objeción a uno de sus hijos. Mientras esos padres estaban perfectamente localizados, el BOJA publicó los nombres y apellidos de otros de los hermanos antes de que se dictase esta nueva sentencia.
Desmonta las tesis de la Junta
La sentencia supone, según explicó el letrado de los padres, Carlos Seco Gordillo, que Educación pudo localizarlos en todo momento porque estaba personada en esos recursos. Y desmonta la argumentación de la Consejería de que no había podido localizarlos para notificarles la resolución.
«Se prueba que la Consejería tenía en todo momento recursos o mecanismos para poder haberles notificado de forma individual sin necesidad de recurrir a la publicación en el BOJA», dijo Seco.
En este sentido, el letrado pidió a la Consejería que «deje de hacer argumentos de tipo procesal» y asuma su responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales de los menores. De hecho, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, inició hace varias semanas una queja de oficio pidiendo a Educación que explique porqué se publicaron esos nombres de menores. Una queja en la que se personaron tanto los padres como el propio PP.
Y la Fiscalía de Sevilla, que en principio no actuó de oficio, ha abierto una investigación después de que varios padres (entre ellos los que ahora han recibido una sentencia del TSJA) y el PP presentaran una denuncia. Por ello Seco pedirá a la Fiscalía que también solicite testimonio de esta sentencia como documental probatoria de que la Administración disponía de medios para identificar a esos padres. «Tienen el poder del padre, su identificación, su DNI y hasta su domicilio para localizarlos», insistió
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