De todo un poco.

Como me imagino que muchos de los que leéis este Pizarrín, tengo creada una alerta en Google con los temas de educación y Andalucía, con el fin de tener una información de primera mano en estos temas que son los que ocupan la mayor parte de mi vida profesional y casi personal también. Bueno pues hoy no me resisto a dejaros un resumen de lo que San Google me ha traído como novedades. A ver qué os parece.


Un año de quejas del PUEBLO.

(He dejado sólo lo referente a educación aunque podéis ver el texto completo en Diario de Sevilla)

En cada informe anual, el Defensor andaluz da cuenta de las denuncias que registran los ciudadanos y recuerda su deber a las administraciones: preocuparse de los problemas públicos
Antonio Fuentes / SEVILLA |

Cuentan en la institución que a cada vuelta de las vacaciones navideñas el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pregunta cuándo va a estar lista la memoria que da cuenta de su labor en el año que apenas días antes acaba de concluir. Los trabajadores de la Oficina conocen el encargo que tienen por delante: la redacción de más de mil páginas, el equivalente a una novela de las gordas que sin embargo, bromean, andará escasa de lectores. Y en tiempo récord para no perder actualidad, les aprieta Chamizo, lo que cada año da sus frutos, porque la presentación de la memoria ante el Parlamento se ha adelantado en dos meses con respecto a hace sólo dos años cuando su divulgación rondaba junio. En el informe anual de 2009 la crisis acapara las mayores dosis de protagonismo, lo que no impide que de su lectura se extraigan otros problemas cotidianos de los ciudadanos sobre los que reflexiona el Defensor del Pueblo andaluz.

Educación

El fracaso escolar es el gran reto. Sin datos fiables sobre su incidencia, dice el Defensor, abundan en la institución las quejas "de padres y madres desesperados que nos piden ayuda para conseguir enderezar el rumbo de unos hijos que parecen abocados al abandono prematuro de la enseñanza y, lo que es aún peor, al mundo de la marginación o la delincuencia". La inconformidad aparece en la educación secundaria tras un paso no conflictivo por Primaria y, para el Defensor, "el sistema educativo no parece capaz de ofrecer respuesta que no sea la aplicación de nuevas medidas correctivas y la espera de que se consume el fracaso escolar cuando se alcance 16 años y no se consiga el esperado título". Reclama un esfuerzo a la Junta para los programas de cualificación profesional, que en este curso sólo alcanza a un 0,8% de incidencia y, si la excusa es el gasto público, Chamizo avisa: el gasto público en Educación en España y Andalucía está por debajo de la media de la UE.

Cultura

El informe anual dedica un capítulo especial a la imposibilidad de los ciudadanos de acceder a determinados archivos culturales, lo que ha motivado quejas durante el pasado año. Para el Defensor, la Admnistración cultural andaluza incumple el principio de transparencia ante la renuencia de algunos organismos dependientes de la Consejería de Cultura a la hora de facilitar a la ciudadanía el acceso a los archivos y documentos bajo su tutela administrativa y el "escaso apego" de dichos organismos a los postulados del principio de transparencia.


En el caso siguiente, que afortunadamente para nosotros sucede en la Comunidad Valenciana, podríamos ponernos a pensar en ese refrán que dice "Cuando las barbas de tu vecino..." (Leído en ABC)

Los portátiles que rechazó la Comunidad acaban en manos de narcos en Andalucía

X. MORET I VALENCIA
Domingo , 11-04-10

Como pago en especie para narcotraficantes o, en el mejor de los casos, metidos en cajas sin que nadie les dé uso. Así es como han acabado muchos de los ordenadores ultraportátiles que la Junta de Andalucía adquirió con los 11,2 millones de euros adicionales que recibió por parte del Ministerio de Educación una vez que la Comunidad Valenciana rehusó acogerse al plan Escuela 2.0. La Policía Nacional sospecha que algunos de los «netbook» -nombre con el que se conoce a estos portátiles cuya pantalla no supera las diez pulgadas- facilitados por el Gobierno andaluz están siendo intercambiados por dosis de estupefacientes, ya que en las últimas operaciones antidroga llevadas a cabo en la región se han localizado varios de ellos.
Los últimos «netbook» de los que se ha incautado la Policía en registros llevados a cabo en barriadas conflictivas de Málaga estaban guardados incluso en la misma mochila de color verde con la que la Junta los entregó a los centros. Además, los agentes descartan la posibilidad de que los equipos hayan sido robados, ya que no constan denuncias al respecto.

Previsiones irreales

El programa Escuela 2.0. nació a raíz del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar un portátil a cada alumno de quinto de primaria en todos los centros públicos o concertados a partir del curso 2009/2010.
Los objetivos marcados para la primera edición del plan, que contó con un presupuesto inicial de 200 millones de euros financiados al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas, eran dotar de un ultraportatil a cerca de 400.000 alumnos y 20.000 profesores en más de 14.000 aulas digitalizadas de toda España.
Sin embargo, la aplicación del programa ha sido muy desigual, ya que su desarrollo está condicionado a la firma de convenios entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana rechazaron firmar el convenio por no estar de acuerdo en las condiciones propuestas por el Ministerio ya que, según fuentes de la Conselleria de Educación, no hubo opción de negociarlas.
La Comunidad Valenciana debía recibir unos 11,2 millones de euros, de los que la mayor parte se destinaría a la adquisición de los nuevos equipos y el resto, alrededor de 500.000 euros, a formación del profesorado. La condición principal para suscribir el convenio era que la Comunidad debía aportar otros 11,2 millones. Sin embargo, el departamento que encabeza el conseller Alejandro Font de Mora consideró que la previsión del Ministerio no se ajustaba a la realidad, pues la necesidad de adaptar las aulas -cableado, conexión a internet, gastos de mantenimiento, etcétera- exigía un desembolso mayor que la Conselleria cifró en 23 millones de euros.

Imposible de adaptar

Esa circunstancia, unida a la imposibilidad de adaptar el plan a la realidad de la Comunidad, fue la que llevó al Consell a no firmar el convenio. Las mismas fuentes explicaron que, a pesar de que se trata de un plan cofinanciado, el Ministerio no dio opción a comprar otro modelo, pues la intención de la Conselleria era adquirir equipos con una pantalla de mayor tamaño -en su momento adujo que las de diez pulgadas podían provocar miopía-.
Según las mismas fuentes, los ordenadores carecen del «software» necesario para destinarlos a un uso educativo y de los filtros para evitar que los alumnos puedan emplearlos para chatear o utilizar redes sociales mientras están en clase, lo que supone un sobrecoste en el mantenimiento de los equipos.
El Gobierno se comprometió a enviar el convenio para el curso 2010/11 antes del pasado 1 de abril. Sin embargo, la Conselleria de Educación informó de que no lo había recibido y tampoco tenía ninguna comunicación al respecto, por lo que desconoce si en esta ocasión el Ministerio permitirá a las comunidades introducir modificaciones.

El siguiente artículo venía publicado en La Razón.

La Junta admite que más del 60 por ciento de los centros de Secundaria rebasa ese objetivo.
La ratio de los IES supera los 25 alumnos por aula
11 Abril 10 - Sevilla - F. M.


Existe un compromiso político de no traspasar esa cifra, aunque legalmente no es exigible.

Una de las demandas de todos los sindicatos de enseñanza para mejorar la educación es rebajar la ratio (número de alumnos por clase), tanto en la Educación Infantil y Primaria como en los Institutos de Enseñanza Secundaria. La Ley Orgánica de Educación en su artículo 157 establece un máximo legal de 30 alumnos –ampliable a 33 por incorporaciones tardías en virtud del artículo 87– para los IES y de 25 en los casos de las escuelas de Infantil y Primaria.
La Ley Orgánica de Andalucía no rebaja estos porcentajes, pero sí existe un acuerdo desde el año 2007 de la Consejería de Educación con los principales sindicatos –CC OO, ANPE, CSI-CSIF y FETE-UGT– de reducir la ratio a 25 en los IES y a 20 en los centros de Infantil y Primaria, aunque sólo afectaría a 300 y 600 centros respectivamente. El programa electoral con el que el PSOE-A se presentó a las últimas elecciones autonómicas así lo recoge y se compromete sólo a que sean 300 centros de Secundaria Obligatoria los que tengan ese número de alumnos por aula.
La realidad, y así lo reconoce la Consejería de Educación en una respuesta escrita publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) el pasado 29 de marzo, es que 543 de los 870 centros de Enseñanza Secundaria que hay en Andalucía tienen más de 25 alumnos por aula y un total de 8 superan la cifra de 30 alumnos –el IES La Pandera en Los Villares (Jaén) alcanza los 31,44–. Ninguna estaría por encima de 33, con lo que no se incumpliría la normativa. El dictamen para la convergencia educativa aprobado en el Parlamento de Andalucía el pasado 18 de febrero –con los votos de PSOE e IU y la oposición del PP– no recoge compromisos específicos de bajada de ratio, pese a que se considera uno de los objetivos prioritarios en el preámbulo. Sólo la medida 83 de las 131 del documento habla de esa reducción «en función de las necesidades propias de los centros». Los votos particulares de IU y PP sí lo hacen, pero fueron rechazados por la mayoría socialista. En el caso de los izquierdistas, se apuesta por 25 alumnos en los IES y 20 en escuelas de Infantil y Primaria «en el horizonte de 2015», mientras que los populares abogan por 22 estudiantes por aula en Secundaria, 18 en Primaria y 15 en Infantil.
En la misma respuesta publicada en el BOPA también se ofrecen los datos correspondientes a Bachillerato. En este caso, la normativa legal dicta que no debe haber más de 35 alumnos por clase, cifra que se supera en el IES Nicolás Salmerón de Almería; en el Trafalgar de Barbate (Cádiz); Virgen de la Esperanza en La Línea de la Concepción (Cádiz); Castillo de Luna en Rota (Cádiz) que alcanza los 40,66 alumnos por clase; Virgen del Valme, en Dos Hermanas (Sevilla); el Juan de Mairena en Mairena del Aljarafe (Sevilla); Fuente Nueva en Morón de la Frontera (Sevilla); o el caso más llamativo, el IES Isidro de Arcenegui y Carmona en la localidad sevilla de Marchena que en su rama de Bachillerato tiene a 47,25 alumnos por aula.


Y sobre esto que saca Google de El Correo Web pues no hay más que decir.


"Educación edita libros para dejarlos morir en sus sótanos"
Daniel Cela, Sevilla

Javier Sánchez Menéndez, director de Ecoem, lleva 21 años dirigiendo la academia Ecoem, que prepara a opositores para una plaza de profesor en todas las provincias andaluzas. Menéndez critica la pasividad de Junta y sindicatos en la formación del profesorado.

-Ecoem lleva 21 años preparando a los futuros profesores para aprobar las oposiciones. ¿Cómo ven la evolución de los docentes andaluces?
-La gente que viene a Ecoem busca una salida profesional. La vocación docente es muy escasa, incluso en nuestra academia, y ese es uno de los males del sistema educativo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque, en parte, preparamos a los que aspiran a ser profesores. No hay criterios para seleccionar a nuestros alumnos, puede entrar el que quiera, pero si el opositor no sigue el ritmo de la academia, causa baja. Uno de los objetivos de Ecoem es dignificar la carrera del profesor, por eso nos adelantamos al proponer un pacto educativo de Estado.

-No parece que la coyuntura política favorezca una foto de Gobierno y oposición firmando un pacto por la educación...
-La educación debería estar por encima de la política. Pero, no se equivoque. Gabilondo lleva meses intentándolo... Si estuviéramos en un momento de estabilidad y bonanza económica, tampoco se firmaría el pacto.

-¿Por qué no?
-Porque la educación no le importa un pimiento a los políticos. Sólo es una moneda de cambio. Griñán dice que el punto fuerte de su mandato va a ser la educación. Queda muy bonito pero, ¿qué medios pone para conseguirlo? La educación tiene un presupuesto elevado porque tiene mucho funcionario, pero ya está.

-¿No cree que la educación sea una prioridad de la Junta?
-Los profesores no disponen de recursos en los colegios. Ecoem ha dado una donación de 200 libros a 500 centros escolares andaluces, y no imagina cómo lo han agradecido. Libros educativos se editan muy pocos en este país, libros de texto, demasiados.

-La Junta aporta muchos recursos educativos a la escuela.
-Si Educación edita un libro bueno, se muere en los sótanos de Torretriana. Porque la consejería no tiene distribuidora que los lleve a los colegios. Y porque Educación no es Cultura y adolece de una buena gestión cultural. Por ejemplo, Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica de la Universidad de Granada, miembro de Aneca, que ha autorizado el diseño del máster de Secundaria... Educación ha editado alguno de los libros de Antonio Bolívar y ni él tiene ejemplares de su libro. Están apilados en los sótanos de la consejería. Es un derroche de dinero.

-¿Cree que los profesores no entran en el sistema suficientemente preparados?
-Los profesores deberían formarse más cuando están dentro. Pero el funcionario docente no se deja formar, quiere mucha comodidad. La mayoría de docentes hace cursos de formación para ganar puntos en el concurso de traslados, para los trienios y los sexenios... La formación del profesorado no existe. La administración lo sabe, y por eso ha creado las plataformas virtuales para que el profesor se forme por internet. Todos los colegios tendrían que disponer de, al menos, dos profesores que sepan practicar la reanimación cardíaca, por eso la Organización Mundial de la Salud pidió que se hicieran cursos de formación. La Consejería de Educación terminó colgando de su web un curso virtual para aprender a reanimar a una persona. ¿Le parece normal?

-Los sindicatos de enseñanza también organizan cursos de formación...
-Los sindicatos viven de las subvenciones, no de las cuotas de los afiliados. ¿Qué cursos relevantes hacen para preparar a los profesores? Ninguno relevante.

-¿Qué espera del nuevo consejero de Educación?
-Espero que el nuevo consejero tenga la misma inquietud que Mar Moreno. Moreno no era profesora, pero en poco tiempo se pateó los colegios.

-¿Por qué cree que ha habido cuatro consejeros de Educación en tres años?
-¿Es que ser consejero de Educación en Andalucía es atractivo? Los ha habido nefastos y magníficos. Pero después de 20 años, Griñán es consciente de los pobres resultados académicos de la escuela andaluza. Cambian a los consejeros, pero mucha gente de la consejería lleva ahí años y años. Hablamos de la falta de vocación de los profesores, pero si dentro de la Consejería de Educación no hay vocación, y de allí salen las leyes, las órdenes y los decretos que van a hacer la escuela... ¿qué educación tenemos en Andalucía?

-¿Qué opinión tiene del máster de profesor de ESO?
-Es igual que el CAP, pero estirado para que los profesores de Universidad que se han quedado sin horas lectivas den clases. Lo que hace Ecoem es un máster de nueve meses, y muchos abandonan porque es muy duro. Y los opositores alumnos nuestros que no sacan la plaza, repiten el año siguiente.

Y los que trabajamos en los centros, tras leer lo que viene a continuación, pues tendremos que plantearnos si todos esos docentes que no vigilan el patio porque tienen en ese tiempo su horario de coordinación para llevar adelante cursos, proyectos, programas, etc... tendrán que dejar esas coordinaciones y volver al patio, no sea cosa que después de todo se nos achaque a los que sí estamos, falta de diligencia. (Leído en Andalucía Educa)

La familia del niño que se asfixió en una papelera de un colegio sevillano recibirá 115.000 euros como indemnización
12/04/2010 - Martín Oñate

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución que contempla una indemnización de 115.187,32 euros para los familiares del niño de tres años que en 2006 murió asfixiado en una papelera del colegio sevillano Jacaranda, tras una reclamación administrativa interpuesta por estos apelando a la responsabilidad de los docentes y de la Delegación Provincial de Educación en Sevilla como administración. La familia, no obstante, había solicitado un millón de euros: 400.000 para cada uno de los progenitores y 200.000 para la hermana de la víctima del trágico suceso, según se recoge en el texto elaborado por el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica, documento en el que también se alude al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, a favor de un acuerdo estimatorio parcial de la responsabilidad patrimonial de la administración.

Los fundamentos de derecho señalan que los recurrentes “tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. De este modo, el Ejecutivo autonómico reconoce un daño “efectivo, evaluable e individualizado”, así como que la víctima no tenía el deber jurídico de soportarlo, y la “imputabilidad” de la administración. “Sin embargo, cabe plantearse si existe un nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso”, según apunta la resolución, en referencia a la necesidad de que el daño sea consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa o inmediata.



En referencia a la valoración de un hecho como peligroso y el desplazamiento de la responsabilidad a los docentes, depende de las circunstancias en que el suceso tuviese lugar; la Junta reconoce “grado de omisión de diligencia”, pero no por que el niño introdujese la cabeza en la papelera, algo “en ocasiones inevitable”, sino porque “no fue visto ni constatado por ningún profesor hasta que se lo comunicaron los alumnos”. Además, la administración alude al incremento de responsabilidad de la persona encargada de la vigilancia, debido a que los estudiantes tuvieron presuntamente que avisarle varias veces de lo que ocurría. En la primera ocasión, según las actas de exploración testifical de los menores, la profesora respondió: “anda ya, niño”.



Respecto a la cuantía, la consejería se atiene al sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por el cual a los padres les corresponde 96.101,05 euros y 17.472,92 a la hermana, incluyéndose en este montante los gastos funerarios (1.375,95 euros) y el enterramiento (237,40 euros). Las secuelas psicológicas sufridas por la familia se hallan integradas en la indemnización, ya que, según la Junta “las cuantías a tener en cuenta tienen carácter global”.



En un informe de la asesoría jurídica del Gobierno andaluz, ya se informaba sobre la existencia de un nexo o causalidad “directa y necesaria” entre el daño producido y la conducta de la administración. “El tiempo -transcurrido hasta el fallecimiento- y el número de profesores y alumnos presentes en el patio en el momento de producirse los hechos resultan esenciales para apreciar una falta en el deber de vigilancia casi equiparable a la ausencia del profesor”, exponía el documento.



Según este documento, no queda acreditado que el personal presente desplegara “toda la diligencia necesaria para prevenir el daño”, toda vez que se reconoce que transcurrieron al menos tres o cuatro minutos entre que el menor introdujera la cabeza en la papelera y su muerte, mientras la familia trata de demostrar que fue más tiempo.

Y si esto es lo que nos dice Google a los que estamos dentro, imaginad la visión que se lleva el que está fuera. En fin, que a lo mejor el ser Lunes te hace ver lo de alrededor más gris.